Medidas cautelares de Caicedo contra Electricaribe y los ministerios de minas y energia, y de hacienda.

El Tribunal Administrativo del Atlántico inició los trámites contenciosos con miras a la toma de decisiones en el caso de las cuatro medidas cautelares interpuestas por el excandidato presidencial Carlos Caicedo contra Electricaribe y los ministerios de Minas y Energía y Hacienda y Crédito Publico.

Así lo anunció el mismo dirigente del movimiento Fuerza Ciudadana, a través de una publicación que hizo en sus cuentas personales de las redes sociales de Facebook y Twitter, anexando, además, un oficio emitido por dicho centro de servicios judiciales, en el cual se confirmaban las acciones a emprender.

“Justicia se apresta a tomar decisiones en la acción popular que interpusimos  en contra de Electricaribe para proteger a los usuarios de la región”, apuntó Caicedo.

Asimismo, en el comunicado se expresa claramente que el Tribunal “procede a resolver la solicitud de medidas cautelares presentadas el 24 de agosto de 2018”. La misiva también específica las peticiones de Caicedo, que en resumen consisten en: “Primero, que se ordene una exhaustiva revisión de las tarifas actuales cobradas a los usuarios; segundo, que se instale previamente una mesa de socialización y concertación entre las autoridades públicas, la empresa prestadora, los usuarios y el demandante para revisar a profundidad cualquier propuesta de aumento de tarifas; tercero, que se suspenda -hasta tanto no se socialice- el proceso de contratación de terceros operadores que abrió hace algunas semanas Electricaribe; entre otras”.

Vale recordar que el otrora aspirante a la Casa de Nariño presentó las cuatro medidas cautelares luego que en días pasados el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, manifestó que con respecto a la citada empresa de servicios públicos “habría que tomar acciones” referentes al incremento del valor a plasmarse en las facturas, lo que afectaría el bolsillo de gremios y de todos los habitantes de la Costa. Por tal motivo, se espera que el organismo del poder judicial haga efectiva una serie de diligencias que coadyuven a ‘ponerle freno’ a la iniciativa del actual gobierno.

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